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A vueltas con la jurisdicción universal

A vueltas con la jurisdicción universal

16 febrero, 2014

Hace pocas fechas veníamos a referirnos en nuestro blog jurídico http://www.ignaciocrespoabogados.es al problema de la jurisdicción universal, que viene siendo, mayormente, la capacidad de determinados jueces españoles de atribuirse competencia para conocer de determinados asuntos que revisten caracteres de delito, ocurridos en país extranjero y perpetrados por ciudadanos extranjeros, por resumir y que nos vayamos entendiendo. Esto, para unos, es una potestad indeclinable de un Estado moderno como el nuestro, que debe perseguir, allende sus fronteras, determinados crímenes cuando haya riesgo de que puedan quedar impunes, en aras del principio de justicia universal. Para otros, no es más que otro capítulo del afán de notoriedad de los llamados jueces estrella, siempre en busca de jugosos titulares de prensa, sea a costa de los desmanes de los chinos en el Tibet, de las barrabasadas de Pinochet en Chile, o de las torturas yanquis de Guantánamo.

Nosotros veníamos a cuestionar esta potestad de los tribunales españoles por varias razones, entre las más destacables, la existencia, desde el Estatuto de Roma de 1998, de la Corte Penal Internacional, que, como su propio nombre rebela, es un tribunal permanente de justicia en materia criminal, con sede en la Haya, y cuyo ámbito propio de actuación es, precisamente, la persecución y castigo de los crímenes de genocidio, guerra, de agresión, y de lesa humanidad (su antecedente próximo lo constituyen los tribunales internacionales que se constituyeron en Núremberg y Tokio para juzgar los crímenes de guerra de Alemania y Japón durante la 2ª G.M.).

Tampoco nos parecía a nosotros que nuestro país esté en condiciones de erigirse en Gendarme del Mundo  cuando tenemos para los de casa una justicia empantanada en mil lodazales que se eternizan en los juzgados durante años y años, al parecer por falta de medios, lo cual que no nos parece muy razonable buscarnos pleitos nuevos en remotos parajes donde nada se nos ha perdido más allá del falso prurito de primera potencia, resabio de una vieja tradición colonizadora.

Este afán protector y proteccionista del viejo imperio español nos trae historicamente dos consecuencias: que nadie nos agradece nada, antes al contrario, los países afectados por nuestro expansionismo jurisdiccional lo consideran una injerencia intolerable en sus asuntos internos, con la consecuencia de graves conflictos diplomáticos que perjudican nuestros legítimos intereses internacionales; y, consecuencia de lo anterior, una escasa o nula colaboración de los organismos competentes de los países afectados para la resolución de los asuntos pretendidos, que desemboca en unos resultados más que pobres en las estadísticas de nuestro quijotesco empeño universal.

Nos pregúntábamos en aquella primera referencia a la jurisdicción universal, cómo podíamos pretender meterle el dedo en el ojo al gigante asiático, imputando a un ex presidente de la República Popular China y a un buen puñado de jerarcas del partido comunista chino, cuando  ni siquiera hemos sido capaces de traer a Marbella a declarar a James Bond en el conocido como caso Goldfinger, por un presunto delito cometido en territorio español. Ahora, recién , nos acabamos de enterar que, de una parte, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acaba de realizar un nuevo brindis al sol, dictando una orden de detención internacional contra el ex presidente chino de irreproducible nombre y otros tres dirigentes más, que los chinos, naturalmente, se van a pasar por el mismísimo forro, y que quedará desactivada en unos meses cuando la proposición de ley del partido popular para la reforma de la jurisdicción universal entre en vigor; de otra parte, también acabamos de conocer que Sean Connery se fue a un notario de Bahamas para negar todas las imputaciones contra él en el referido caso, dejando claro, eso sí, que lo hace voluntariamente, pero “sin someterse en modo alguno a la jurisdicción del juzgado español o admitir” la validez de la solicitud de auxilio judicial librada por las autoridades españolas. Sobran las palabras.

 Ignacio Crespo

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